Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2026.
- La Encuesta de Satisfacción a Usuarios del Transporte Público no es técnicamente confiable
- El Gobierno del Estado está haciendo un uso político de esta encuesta para justificar el alza a la tarifa
- La mala evaluación del transporte público deteriora la confianza en las instituciones técnicas
Desde el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco manifestamos nuestra profunda preocupación por lo expuesto durante la comparecencia de la directora del IMEPLAN, Patricia Martínez, ante el Congreso del Estado, en relación con la Encuesta de Satisfacción a Usuarios del Transporte Público. Lejos de fortalecer la discusión pública sobre la calidad del servicio, dicha comparecencia evidenció una encuesta técnicamente endeble, jurídicamente utilizada como simulación y políticamente funcional para justificar un aumento tarifario previamente decidido.
Con el tarifazo en puerta, resulta alarmante que la principal herramienta presentada para sostener la narrativa de mejora del sistema sea una encuesta cuya propia titular del IMEPLAN se esforzó reiteradamente en deslindar de su responsabilidad, afirmando que “el IMEPLAN no la hizo” y subrayando su carácter no vinculante. Este argumento no sólo es contradictorio con las atribuciones legales del Instituto, sino que deja entrever una preocupante ligereza institucional: si la encuesta está mal hecha, parece no importar, porque —según la propia defensa— nadie está obligado a tomarla en cuenta. Esta postura vacía de sentido cualquier ejercicio de evaluación pública y mina la confianza ciudadana en los organismos técnicos del Estado.
Durante la comparecencia, la directora del IMEPLAN sostuvo que la encuesta cumple con los requisitos establecidos en el reglamento, limitando su defensa a un plano estrictamente normativo y eludiendo cualquier discusión técnica de fondo. Se afirmó que la encuesta es válida “porque se usó una metodología” y porque existe un proceso estadístico detrás de ella. Sin embargo, la metodología presentada careció de elementos básicos de rigor técnico, como la realización de una prueba piloto, y presentó ponderaciones que no guardan proporción con la cantidad real de personas usuarias por tipo de servicio.
Los datos expuestos evidencian un muestreo profundamente desbalanceado, por ejemplo: rutas federales con aproximadamente 40 mil usuarios diarios fueron representadas por apenas 357 encuestas, mientras que el transporte convencional —con más de 1.6 millones de usuarios— contó con solo 690 encuestas, es decir, una sobre-representación de hasta 41 veces en ciertos subsistemas. Este diseño de muestra contradice principios elementales de representatividad estadística y pone en duda la validez de los resultados obtenidos, tal como lo han señalado organismos especializados en evaluación de políticas públicas y estadística aplicada, respecto a la necesidad de proporcionalidad y consistencia temporal en encuestas de percepción.
Por norma y por ley, la Encuesta de Satisfacción debe levantarse de manera anual y en el mismo trimestre, a fin de permitir comparaciones históricas y servir como insumo oportuno para el Comité Técnico Tarifario. No obstante, la última encuesta se levantó en enero de 2024 y la siguiente hasta noviembre de 2025, rompiendo la continuidad temporal exigida y anulando su valor estadístico y comparativo. Esta irregularidad no sólo debilita la encuesta como instrumento técnico, sino que resulta especialmente grave al haber sido utilizada —de forma extemporánea— en un contexto donde el Gobernador debía definir un incremento tarifario, lo que genera una sospecha legítima sobre su uso político.
Adicionalmente, el IMEPLAN modificó la escala de evaluación de la encuesta, pasando de una base de 1 a 10 a una de 1 a 5, bajo el argumento de que “el usuario se confunde” con escalas más amplias. Este cambio elimina cualquier posibilidad de comparación histórica y reduce de manera significativa el nivel de detalle del análisis, práctica que va en sentido contrario a los estándares internacionales de evaluación de servicios públicos, donde la continuidad metodológica es un principio básico para medir mejoras o retrocesos en el tiempo.
A pesar de estas limitaciones, el IMEPLAN defendió como confiable un resultado que califica al transporte público con casi 4 de 5, una valoración que contrasta abiertamente con la experiencia cotidiana de miles de personas usuarias y con los propios datos oficiales sobre tiempos de espera, fallas de frecuencia y cobertura insuficiente.
Durante la discusión posterior, personal del IMEPLAN admitió que no se evaluaron rutas con tiempos de espera superiores a dos horas y que no se aplicaron encuestas a bordo en horas pico debido a la imposibilidad de subir a las unidades saturadas. Estas omisiones excluyen precisamente las condiciones más críticas del sistema. Aun así, se insistió en que los resultados son confiables. En múltiples ocasiones se preguntó directamente a la directora si los resultados reflejan la realidad del transporte público; en todas ellas, la directora evadió la pregunta.
Tras escuchar los intentos de explicación, resulta claro que la validez estadística de la encuesta es, como mínimo, dudosa. Lo más grave es que, ante la incapacidad histórica de la Secretaría de Transporte para generar y mantener datos confiables sobre la operación real de las rutas, esta encuesta del IMEPLAN debería ser el principal insumo para conocer las condiciones del servicio. Sin embargo, en su versión actual, no ofrece certeza ni confianza alguna.
Está claro que la responsabilidad de evaluar el servicio de transporte público recae en la Secretaría de Transporte. Ante su incapacidad de mantener datos operativos, la encuesta del IMEPLAN termina por ser el único recurso disponible. Tras esta comparecencia, lejos de fortalecer su papel como organismo técnico, la credibilidad del Instituto queda seriamente cuestionada. Cuando la defensa institucional se basa en deslindes, evasiones y argumentos formales sin sustento técnico, lo que se debilita no es sólo una encuesta, sino la confianza pública en las instituciones encargadas de planear la movilidad del Estado.
El transporte público es un servicio esencial y un derecho. Su evaluación no puede reducirse a ejercicios mal diseñados ni utilizarse como coartada política para decisiones que impactan de manera directa y regresiva en la vida cotidiana de millones de personas.
