Guadalajara, Jalisco, 27 de diciembre de 2025
El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (OCMTJ) manifiesta su rechazo categórico al incremento de la tarifa del transporte público aprobado en la sesión del Comité Técnico Tarifario celebrada el día de hoy en la Secretaría de Transporte.
El proceso careció de transparencia, rigor técnico y sustento social. La evaluación del sistema de transporte público presentada resultó ambigua, incompleta y carente de metodología verificable, basada en porcentajes sin línea base, sin comparativos con años previos y sin datos absolutos que permitan dimensionar con claridad la situación real del servicio.
Se utilizaron resultados de la Encuesta de Percepción de la Calidad del Transporte Público 2024 debido a que los datos 2025 no han sido publicados por el IMEPLAN, lo cual evidencia rezagos inadmisibles en la información. No se informó cuántas unidades operan actualmente, ni cuántas pruebas antidoping se realizan a los operadores, ni indicadores básicos de seguridad, frecuencia, accesibilidad y calidad, lo que impide una evaluación objetiva, comparable y verificable del sistema.
Tomar decisiones tarifarias que afectan diariamente a millones de personas con información desactualizada, incompleta y opaca es inaceptable, compromete la legitimidad del proceso y evidencia una toma de decisiones alejada de las necesidades reales de la población usuaria.
Así mismo, observamos con preocupación que se ha utilizado como argumento la presunta disminución de víctimas por siniestros viales sin presentar cifras completas ni metodología verificable. Estos porcentajes no consideran que la deficiente cobertura del transporte público, particularmente en zonas periféricas, ha obligado a miles de personas a migrar al uso de motocicletas, donde los siniestros viales han aumentado de manera significativa. Cualquier análisis responsable debe incorporar esta realidad antes de pretender justificar incrementos tarifarios con el discurso de la seguridad vial.
Respecto de la fórmula de indexación, si bien se mencionaron variables como el precio del gas natural, el diésel, los costos al productor y el salario mínimo, no se transparentó el origen ni la forma de cálculo de cada dato empleado. La ciudadanía desconoce los criterios técnicos utilizados, así como el margen de ganancia por pasaje del transportista, por lo que no es posible afirmar que se trata de un servicio público y no de un negocio privado financiado por los usuarios. Además, no se incorporaron variables sociales esenciales como ingresos de los hogares, gasto en transporte, tiempos de traslado, condiciones económicas reales de las personas usuarias y su capacidad de pago.
El ajuste aprobado del 7.7%, que eleva la tarifa indexada a $11.17 pesos, y la proyección de tarifas de hasta $15.04 pesos para el periodo 2026–2030, representan aumentos sostenidos que no corresponden a mejoras comprobables del servicio. Por ello, el OCMTJ y la Universidad de Guadalajara emitimos voto en contra, al no existir condiciones del servicio, ni contexto social y económico que justifiquen este incremento.
Adicionalmente se presentó una propuesta de tarifa única de $14.00 pesos para consideración del Ejecutivo Estatal, que no fue discutida ni votada en la comisión. Advertimos que cualquier aumento entre $1.50 y $4.50 por viaje impactará de manera directa y negativa la economía de miles de familias, trasladando a la ciudadanía el costo de un sistema que no ha acreditado mejoras estructurales.
El OCMTJ sostiene de manera firme que:
• este aumento no refleja la realidad del servicio,
• no garantiza mejora alguna en la calidad del transporte público,
• profundiza la inequidad social,
• y continúa privilegiando la rentabilidad privada sobre el interés público.
Incluso los propios transportistas han reconocido que el aumento de la tarifa no garantiza la mejora del servicio, lo cual confirma nuestra posición.
Exigimos que cualquier determinación tarifaria:
• se fundamente en información clara, completa y pública,
• incluya indicadores verificables de calidad, seguridad y cobertura,
• garantice mecanismos de seguimiento, sanción y rendición de cuentas,
• y coloque a las personas usuarias en el centro de la política pública.
El transporte público no puede seguir tratándose como un negocio. Es una infraestructura social esencial para el ejercicio del derecho a la movilidad, la equidad y la justicia social. Cualquier aumento que no esté acompañado de mejoras comprobables, medibles y auditables en el servicio resulta socialmente injusto e institucionalmente irresponsable.
